EL ESCÁNDALO DEL RESCATE DE PLUS ULTRA: TODO COMENZÓ CON LA DENUNCIA DE MANOS LIMPIAS.

Todo comenzó cuando Manos Limpias denunció el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Considerábamos que aquella ayuda de 55 millones de euros, concedida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), vulneraba la ley y suponía un uso indebido del dinero de todos los españoles.

La denuncia correspondió al Juzgado de Instrucción n.º 15 de Madrid, que acordó la apertura de diligencias previas. Tiempo después, se nos comunicó que la causa había sido archivada provisionalmente porque había transcurrido el plazo legal de instrucción. La explicación que recibimos fue que el archivo se produjo como consecuencia de un error de la magistrada instructora al agotarse el plazo de instrucción.

Lejos de cerrar el asunto, el tiempo ha confirmado que nuestra denuncia tenía fundamento. Años después, las investigaciones de las Fiscalías de Suiza y Francia han permitido reabrir una causa que nunca debió archivarse.

Nuestra denuncia se basaba en cuatro hechos.

Primero. Plus Ultra no era una empresa estratégica. Apenas disponía de un solo avión.

Segundo. La compañía ya atravesaba una grave crisis económica antes de la pandemia. Sus dificultades financieras no eran consecuencia de la crisis sanitaria.

Tercero. Mantenía deudas con la Seguridad Social y con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Cuarto. Se falseó un informe para hacer creer que la empresa estaba al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con la AEAT, cuando, según los datos que obraban en nuestro poder, no era cierto.

Estoy convencido de que, sin aquella denuncia, las investigaciones posteriores de las Fiscalías de Suiza y Francia jamás habrían llegado hasta donde han llegado.

La gravedad del rescate aumenta si se tiene en cuenta que la ayuda fue aprobada por el Consejo de Ministros. A mi juicio, esa decisión compromete la responsabilidad política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quienes consideramos conocedores de las irregularidades que denunciábamos.

Con el paso del tiempo han salido a la luz nuevos datos. Entre ellos, la presunta intervención del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para facilitar el rescate y el pago, según diversas investigaciones, de varios millones de euros en comisiones.

También advertimos que el único avión de Plus Ultra no solo cubría la ruta Madrid-Caracas transportando pasajeros. Existían indicios de que también era utilizado para trasladar mercancías de dudosa legalidad.

Asimismo, denunciamos que el principal accionista de la compañía era un ciudadano venezolano considerado hombre de confianza de Nicolás Maduro. Esa circunstancia exigía, a nuestro juicio, extremar las comprobaciones antes de conceder una ayuda pública de semejante cuantía.

Algunos intentaron desacreditar nuestra denuncia. Otros confiaban en que el asunto quedara enterrado. No ha sido así. Los hechos han terminado por abrirse camino y hoy vuelven a ser objeto de investigación.

Sigo convencido de que, sin la actuación de Manos Limpias, este escándalo habría quedado impune. Cumplimos con nuestra obligación de denunciar unos hechos que considerábamos contrarios a la ley y de sostener la acusación popular cuando otros preferían mirar hacia otro lado.

Las responsabilidades penales deberán establecerlas los tribunales. Las responsabilidades políticas corresponden a los ciudadanos.

Pero hay un hecho que nadie puede borrar: todo comenzó con la denuncia de Manos Limpias.

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