NO ES NEGOCIACIÓN, ES CHANTAJE PURO Y DURO Y ESO ES DELITO

No es ninguna película de ciencia ficción, es una auténtica y pura realidad, lo que los españoles estamos viendo con respecto a los prolegómenos de la investidura a candidato a Presidente del Gobierno del saqueador de tumbas, Pedro Sánchez Castejón.

Es evidente que los números hasta alcanzar los 176 escaños para la mayoría absoluta los puede obtener, no en base a la falacia de una negociación, sino en base a un chantaje puro y duro por los enemigos de España y de nuestro sistema constitucional.

Negociación implica, acuerdos sobre las bases de las reglas del juego democrático y de respeto al Estado de Derecho. Si para conseguir el fin lícito de ser Presidente del Gobierno se acepta el chantaje que supone vulnerar el Estado de Derecho, aceptado condiciones contrarias al ordenamiento jurídico, nos encontramos en el terreno de lo ilícito.

Esto es lo que nos ofrece en los prolegómenos de la investidura Pedro Sánchez Castejón. Para conseguir un fin lícito, acepta condiciones (chantajes) ilícitos. El fin no justifica los medios.

La normalidad democrática, no se puede conseguir ni con chantajistas, ni con sus condiciones ilícitas y de cumplir ese objetivo, el primer responsable sería el Jefe del Estado que incumpliría con su papel moderador tal y como le exige nuestra Constitución y, en segundo término, nuestras Fuerzas Armadas que tienen como misión, además de defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

España y los españoles nos jugamos no solo la credibilidad internacional sino también nuestra propia supervivencia de un verdadero Estado Social y Democrático.

El pluralismo político, por supuesto está garantizado en nuestra Constitución, pero ese pluralismo político debe respetar las reglas del juego democrático y del ordenamiento jurídico y, en el caso que nos ocupa, lo están utilizando para chantajear con fines espurios e ilícitos que son aceptados por un personaje, Pedro Sánchez, que ha perdido la más mínima dignidad delinquiendo al aceptar pactos ilícitos.

Aceptar el chantaje de un prófugo de la Justicia que atenta contra las mismísimas entrañas de nuestro Estado de Derecho, es un delito que, de producirse, la Sala Segunda del Tribunal Supremo tendrá la obligación de enjuiciarlo.

Fdo.: Miguel Bernad