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MANOS LIMPIAS DENUNCIA AL PRESIDENTE DE LOS SOCIALISTAS DE EXTREMADURA, MIGUEL ÁNGEL GALLARDO, POR COHECHO Y FRAUDE PROCESAL EN UNA MANIOBRA PARA AFORARSE Y ESQUIVAR A SU JUEZ NATURAL.

La jueza se queda con el caso de David Sánchez hasta certificar que Gallardo es aforado

Mérida, 26 mayo  Foto: EFE/ Jero Morales

Artículo de Voz Ibérica.

Anatomía de un blindaje exprés: la sombra del poder y la consolidación de la impunidad política en España

El sindicato Manos Limpias, que tengo el honor de presidir, ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura una denuncia por los presuntos delitos de cohecho y fraude procesal contra Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz (y del PSOE de Extremadura) y recién aforado como diputado autonómico del PSOE en la Asamblea de Extremadura. La maniobra fue diseñada en la sombra por José Luis Quintana (ex-alcalde de Don Benito, Badajoz), delegado del Gobierno en Extremadura y hombre de máxima confianza del presidente Pedro Sánchez. El objetivo: evitar que Gallardo sea juzgado por su juez natural, la magistrada Beatriz Biedma, que instruía ya una causa penal en su contra.

Gallardo, que hasta hace pocas semanas fue el superior jerárquico de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno y músico contratado como director de orquesta por la Diputación de Badajoz, afrontaba una investigación judicial por presunta prevaricación y tráfico de influencias. Con la causa a punto de ser transformada en procedimiento abreviado, el socialista ha urdido una operación político-judicial que ha encendido todas las alarmas sobre el uso partidista del aforamiento como escudo penal.

Del banquillo al escaño en 48 horas

Según recoge la denuncia, en apenas 48 horas Gallardo ha llegado a un acuerdo con la diputada socialista, en la Asamblea de Extremadura (Parlamento Regional), María Cruz Rodríguez para que ésta renunciara a su escaño, con la promesa de ser nombrada Subdelegada del Gobierno en Extremadura. A esta renuncia se sumaron otras cuatro, correspondientes a candidatos que ocupaban posiciones superiores en la lista de candidatos, de las últimas elecciones autonómicas, del PSOE y que, misteriosamente, declinaron tomar posesión del acta, permitiendo así el acceso de Gallardo, que ocupaba el quinto lugar, obviamente por detrás de ellos.

Manos Limpias ha presentado denuncia por considerar que estas renuncias no fueron espontáneas ni inocentes: «No se sabe qué dádiva ha podido ofrecer el denunciado a esos cuatro candidatos», afirmamos en el texto presentado este 26 de mayo.

El sindicato Manos Limpias argumenta que la operación constituye una violación flagrante del principio del juez predeterminado por la ley.

“El denunciado, de una manera grosera, burda e indecente, ha maniobrado torticeramente para ser juzgado por un tribunal que pudiera absolverle”.

El objetivo es claro: sustraerse al control de un órgano judicial que ya tenía indicios sólidos de delito, y refugiarse en la instancia superior, que por su naturaleza política o por afinidad ideológica, podría ofrecer un trato más favorable. Es el viejo arte del aforamiento estratégico, elevado a categoría de praxis institucional.

Una cultura de impunidad diseñada desde el poder

Lo que en otros tiempos habría supuesto un escándalo nacional, hoy apenas ocupa unos titulares. Por desgracia, la cultura de la impunidad se ha normalizado, mientras la instrumentalización del derecho, el abuso del poder institucional y el blindaje de los afines se exhiben sin rubor. Este caso no es una excepción, sino un síntoma más de una degradación general del sistema de garantías.

La maniobra de Gallardo, supuestamente orquestada desde las más altas esferas del poder regional y nacional, remite directamente al fenómeno de la «erosión del Estado de Derecho» que organismos internacionales como GRECO (Consejo de Europa) o Transparency International vienen advirtiendo desde hace años que afecta gravemente a España.

El hecho de que un político investigado penalmente pueda alterar el orden de la representación democrática para obtener un privilegio judicial pone en cuestión la propia naturaleza de la separación de poderes y la salud del sistema.

Cronología del caso Gallardo

• 2022–2023: Gallardo dirige la Diputación de Badajoz mientras su subordinado es David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
• 2023–2024: Surgen denuncias sobre presunta contratación a dedo y uso de recursos públicos con fines partidistas. Se abre instrucción en el Juzgado n.º 3 de Badajoz por prevaricación y tráfico de influencias.
• Abril de 2025: Se aproxima el auto de transformación a procedimiento abreviado. Gallardo y su entorno temen la apertura de juicio oral.
• 20–21 de mayo de 2025: Se produce la renuncia exprés de cinco candidatos socialistas, lo que permite a Gallardo acceder al escaño autonómico.
• 24 de mayo de 2025: Se formaliza el nombramiento de Gallardo como diputado.
• 26 de mayo de 2025: Manos Limpias presenta denuncia por cohecho y fraude procesal ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

No está de más que recordemos algunas causas que afectan al PSOE y al entorno próximo al presidente del Gobierno de España

Este episodio se suma a un preocupante rosario de causas judiciales abiertas que afectan a miembros del Partido Socialista:

• Caso Koldo: Investigación por cobro de comisiones en la contratación de mascarillas, salpicando al exasesor de Ábalos, al exministro y al entorno presidencial.
• Caso Tito Berni: Trama de corrupción y prostitución que implicó a diputados del PSOE canario.
• Investigación sobre Begoña Gómez: La esposa del presidente, bajo sospecha por tráfico de influencias en contratos públicos adjudicados a empresarios cercanos.
• Fondos europeos: Diversas investigaciones en curso sobre la adjudicación discrecional de Next Generation EU en ayuntamientos socialistas.

La lista sigue, y con ella crece el descrédito institucional y la sensación de que la ley ya no es igual para todos. Las puertas giratorias, los aforamientos exprés y los nombramientos a dedo constituyen una nueva arquitectura del poder, diseñada para blindar a una élite política frente a las consecuencias de sus actos.

La denuncia de Manos Limpias, más allá del contenido jurídico, es también una interpelación moral y política:

¿Puede una democracia funcionar si los resortes institucionales se usan para evadir la ley? ¿Qué legitimidad tiene un sistema donde el poder se juzga a sí mismo o escoge quién puede juzgarlo?

Si el aforamiento de Gallardo se consuma como instrumento de inmunidad frente a una causa judicial en marcha, el mensaje para los ciudadanos españoles será devastador: el poder no solo goza de privilegios, sino que puede crear los suyos propios a voluntad. Y eso ya no es Estado de Derecho, sino un simulacro.

Para saber más sobre el asunto, les recomiendo que lean a continuación el texto completo de la denuncia presentada por MANOS LIMPIAS contra el presidente de los socialistas de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por cohecho y fraude procesal en una maniobra para aforarse y esquivar a su juez natural:

AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICA DE EXTREMADURA

Plaza de la Audiencia, S/N

CP 10003 CÁCERES

Miguel Bernad Remón, con DNI nºxx y domicilio en la xxx en su condición de Secretario General del Sindicato Manos Limpias, al amparo del Art. 262 de LEC que prescribe: “Los que por razón de su cargo profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público estarán obligados a denunciar inmediatamente al Ministerio Fiscal al Tribunal competente al Juez de Instrucción y en su defecto al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio si se tratare de un delito flagrante…”, formula:

DENUNCIA

Contra el Diputado de la Asamblea de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por un presunto delito de cohecho (Artículos 419 y siguientes) y de fraude procesal (Art. 250.1: 7 CP).

Contra la exdiputada de la Asamblea de Extremadura, María Cruz Rodríguez, como cooperadora necesaria.

RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS

Primera: El denunciado, de una manera GROSERA, incuestionable, burda e indecente, ha maniobrado torticeramente para que le juzgue un Tribunal que a priori no era el natural o predeterminado por la ley.

Segunda: El denunciado y el hermano del Presidente del Gobierno, David Sánchez, estaban inmersos en un procedimiento penal (fase de instrucción) en el Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz.

Tercera: Todos los investigados e imputados, era «ciudadanos de a pie», no tenían la condición de aforados.

Cuarta: Ante el inminente auto de la Juez de Instrucción nº 3 de Badajoz, de transformación a procedimiento abreviado y apertura de juicio oral contra el denunciado, éste ejerce una maniobra torticera de clamoroso abuso del derecho, de fraude de ley y fraude procesal.

Quinta: En menos de 48 horas, de una manera grosera, burda, indecente, se pone de acuerdo con la Diputada de su mismo partido (PSOE) para que renuncie al escaño, prometiéndole el cargo de Subdelegada del Gobierno en la referida comunidad autónoma.

Sexta: Había que sortear otros obstáculos, los de los cuatro candidatos en la lista electoral de su partido en las últimas elecciones autonómicas, que debían renunciar para dar paso al denunciado que ocupaba el  puesto número 5.

A la fecha no se sabe que dádiva ha podido ofrecer a esos cuatro candidatos.

Séptima: Con esa burda, grosera maniobra torticera, se convierte en aforado para ser juzgado por un tribunal que no era el natural (el predeterminado por ley), otro superior, que le pudiera ser más favorable.

El denunciado cuestiona tanto la imparcialidad de la Audiencia Provincial de Badajoz, como del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

En pura lógica, burlar el tribunal natural ( el predeterminado por ley) supone no creer en su imparcialidad, pensando que le pueda condenar.

En pura lógica, acudir al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura supone no creer en su imparcialidad, pensando que le puede absolver.

Para obtener el aforamiento ha cometido un delito de cohecho.

Primero: El denunciado, ofrece una dádiva, a la denunciada como cooperadora, a cambio de su renuncia a su escaño en la Asamblea de Extremadura la nombraría Subdelegada del Gobierno, ésta acepta  la dádiva.

La renuncia no se debe a asuntos propios, ni por enfermedad, sino como consecuencia de la dádiva.

Segundo: Dolo: El dolo es un elemento fundamental para poder incriminar a una persona en un delito.

El denunciado, consciente y a sabiendas, para ser juzgado por un tribunal que pudiera absolverle, utiliza el abuso del derecho, el fraude de ley y el fraude procesal.

Aunque el abuso del derecho, no es delito, está prohibido (Art. 7.2 del Código Civil) y puede tener consecuencias civiles (anulación de actos).

Aunque el fraude de ley, tampoco es delito, invalida los efectos del acto jurídico y puede tener sanciones civiles o administrativas.

FRAUDE PROCESAL

Tipificado en el Art. 250.1 punto 7º del Código Penal, es una modalidad de estafa, manipulando un proceso engañando al juez, para obtener una resolución favorable al denunciado.

En el caso que nos ocupa se perjudica el buen funcionamiento de la Administración de Justicia al utilizar como mecanismo de la estafa el engaño al juez.

El perjuicio a terceros, es indudablemente a que la competencia corresponde al tribunal natural o predeterminado por la ley, y al resto de imputados que pueden verse perjudicados al ser juzgados por un tribunal donde únicamente el aforado es el denunciado.

En su virtud,

Solicito de ese Tribunal: Admita la presente denuncia por ser conforme a derecho y se proceda a la apertura de las correspondientes diligencias penales.

Es justicia que pido en Madrid, a 26 de mayo de 2025

Otrosí Digo:

Es intención de esta parte denunciante, una vez efectuada la apertura de Diligencias Previas formular querella.

Fdo.: Miguel Bernad Remón.

LEER EN:

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Manos Limpias denuncia al presidente de los socialistas de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por cohecho y fraude procesal en una maniobra para aforarse y esquivar a su juez natural – VOZ IBÉRICA (nueva epoca)

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