LA DENUNCIA SE PRESENTÓ POR EL ABOGADO ARAGONÉS RAMIRO GRAU ANTE EL ALTO TRIBUNAL Y NO HA SIDO TRAMITADA TODAVÍA DESDE OCTUBRE DE 2020

LA COMPRA DE TRECE MILLONES DE MASCARILLAS POR EL MINISTRO ÁBALOS "CONGELADA" EN EL SUPREMO

El Tribunal Supremo lleva paralizada desde hace tres meses la denuncia contra el ministro José Luis Ábalos por la compra de 13 millones de mascarillas. La denuncia fue presentada por un abogado aragonés, Ramiro Grau, que detectó a su juicio la "curiosa" concesión de varios concursos a una empresa zaragozana no especializada en el sector sanitario y que está administrada por otra sociedad que tiene deudas con la agencia tributaria.

Primero fue un cargamento de 5 millones de mascarillas. El Ministerio de Transportes compró esa cantidad por 12 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, una pyme con sede en Zaragoza y administrada por un empresario, José Ángel Escorial Senante, vinculado a los famosos "Papeles de Panamá".  Fue una compra realizada por la vía de emergencia sin que saliera a concurso público en los peores momentos de la pandemia y se hizo a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en el mes de abril de 2020. Algunos meses después se conoció que este cargamento contenía alguna partida defectuosa, en concreto de las 7.500 mascarillas enviadas a Salvamento Marítimo (Sasemar) 5.300 eran defectuosas.

Toda la información fue recabada por el abogado zaragozano Ramiro Grau, que firma la denuncia contra Ábalos ante el Tribunal Supremo. Cuando Grau solicitó a través del Portal de Transparencia información sobre este hecho la respuesta de Adif fue "esta queja se trasladó desde Adif a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL, quien se encargó de reponer las 5.300 mascarillas y de retirar las defectuosas".

Esta misma empresa fue la misma a la que Puertos del Estado, también dependiente del Ministerio de Transportes, encargó ocho millones de mascarillas por valor de 20 millones de euros. El ministerio del Interior y los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares también suscribieron contratos por la vía de urgencia con esta misma empresa.

Como administrador de esta sociedad figura José Ángel Escorial, un empresario que ya aparecía en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que investigó los llamados Papeles de Panamá, supuestamente, por tener empresas offshore en Malta. En su currículum oficial, actualmente es consejero de Goya Global Holding, ubicada en la localidad madrileña de Alcobendas, que no tiene empleados y se dedica a "actividades de las sociedades holding". También figura como Director General de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, de Zaragoza, con 10 empleados, dedicada a "otras actividades de consultoría de gestión empresarial" y que curiosamente, en el registro sobre actividades internacionales consta el epígrafe "no importa ni exporta". Tiene un capital social de 156.000 euros. A pesar de esto, logró tres contratos del Gobierno para la compra de material sanitario. En total 40,5 millones de euros. La empresa facturó en 2018 100.000 euros y tiene pérdidas declaradas de 1,1 millones en 2017.

Escorial Senante también ha trabajado como consultor en MBA Surgical Empowerment y ha sido M&A Manager y Analista financiero en Ferrovial Agroman. Trabajó en la auditoría de Ono y en el grupo Multitel y Equipamientos Urbanos de México City.

El grupo parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados ya realizó una pregunta escrita sobre los motivos que le llevaron a adjudicar los contratos a esta empresa. Desde el Ejecutivo la respuesta fue que "no consta" ninguna causa por la que no se le debiera asignar ninguna licitación pública: "Antes de la contratación con esta empresa, los órganos de contratación recabaron, de acuerdo con la normativa vigente en materia de contratación pública, la escritura de constitución de la empresa y certificados de la AEAT y de la Seguridad Social, que la empresa está al corriente de sus obligaciones tributarias y de cotización".

Sin embargo, Ramiro Grau sostiene, en su denuncia presentada ante el Supremo, que "la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas está administrada por la empresa Purdey Investment con sede en Madrid y según la Certificación del Registro Mercantil figura como deudor fallido de la AEAT con fecha 12 de diciembre de 2017", es decir que el Estado habría contratado con una empresa "sucursal" de otra que debe dinero a Hacienda.

Según la misma denuncia de Grau, "el señor Ábalos ha organizado un sistema para adquirir trece millones de mascarillas, prácticamente para abastecer a más de una cuarta parte de la población española, realizando el encargo a una sola empresa, siempre  la misma, que casualmente no se dedica al abastecimiento de material sanitario, ni tiene relación alguna con este sector o gremio profesional, realizando la adjudicación a dedo y valiéndose de dos organismos sometidos a su autoridad, Puertos del Estado y Adif (...)".

Además, añade Grau en su denuncia que el Ministerio adelantó parte del dinero para poder realizar esas compras: "En el caso de ADIF se acredita que el Ministerio otorgó el 27 de marzo de 2020 un anticipo de aval por el importe del 50% del suministro de mascarillas, por importe de 6.250.000 euros, a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas".

Toda la documentación sobre este caso y las denuncias presentadas ha sido recopilada por Ramiro Grau Morancho en un pequeño libro titulado "El virus socialista de Ábalos. Chanchullos del dinero público". Desde el 9 de octubre de 2020, cuando se presentaron las pruebas junto con el escrito de denuncia ante el Tribunal Supremo, éste no se ha pronunciado sobre la misma.

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https://elcierredigital.com/investigacion/736965139/denuncia-abalos-compra-mascarillas-paralizada-supremo.html