BOLAÑOS TAMBIÉN DECIDE QUIÉN PUEDE HABLAR CON EL REY

 Redaccion Voz Iberica

 9 de septiembre de 2026

El Gobierno inadmite una petición privada de Manos Limpias dirigida a Felipe VI y convierte a Zarzuela en otro despacho sometido a la vigilancia de Moncloa.

MIGUEL BERNAD REMÓN, Manos Limpias.

Hay noticias graves. Hay noticias escandalosas. Y luego están esas noticias que, por sí solas, explican hasta qué punto se ha ido deformando el funcionamiento institucional de España.

Esta pertenece a la tercera categoría.

Manos Limpias dirigió, a título privado, una petición al rey Felipe VI para que recibiera en Zarzuela a Pedro Sánchez, le pidiera la dimisión y la convocatoria de elecciones.

No para que el Rey firmara un decreto por su cuenta.

No para que destituyera al presidente.

No para que invadiera atribuciones constitucionales que no le corresponden.

Para que hablara con él.

Una conversación.

Una petición dirigida al Jefe del Estado.

Y apareció Félix Bolaños.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes decidió inadmitirla.

Hasta ahí hemos llegado.

EL PORTERO DE ZARZUELA

Uno podía creer, ingenuamente, que los ciudadanos podían escribir al Rey.

También podía creer que la Casa del Rey decidiría qué cartas contesta, qué peticiones atiende, qué audiencias concede y qué asuntos considera oportuno tratar privadamente.

Pues no.

Al parecer, también para llegar al despacho de Felipe VI hay que pasar por el torno de Moncloa.

Y en el torno está Félix Bolaños.

El mismo Gobierno que controla el BOE, dispone de una mayoría parlamentaria suficiente mientras consiga conservar a sus socios, dirige la Administración General del Estado y ejerce las facultades que la Constitución atribuye al Ejecutivo parece haber descubierto ahora otra competencia: decidir qué ciudadanos pueden dirigirse privadamente al Jefe del Estado y para qué.

La escena resulta difícil de superar.

Un ciudadano —o una organización— escribe al Rey.

El Gobierno examina el contenido.

El Gobierno decide que no.

Y la petición muere administrativamente antes de que pueda llegar a convertirse en una audiencia privada.

¿Qué nombre merece eso?

Desde luego, separación de poderes no.

Neutralidad institucional tampoco.

Y normalidad democrática, mucho menos.

EL PROBLEMA NO ES QUE EL REY PUEDA CONVOCAR ELECCIONES.

Conviene no dejarse distraer por la cortina de humo.

Aquí no se discute si Felipe VI puede levantarse una mañana, despedir a Pedro Sánchez y convocar elecciones generales.

Naturalmente que no funciona así nuestro sistema constitucional.

Pero esa no es la cuestión.

La cuestión es mucho más sencilla y bastante más inquietante.

¿Puede un ciudadano pedirle al Rey que reciba al presidente del Gobierno y le manifieste una opinión?

¿Puede solicitar una entrevista privada?

¿Puede pedirle que traslade una preocupación política al jefe del Ejecutivo?

¿O necesita autorización previa de Félix Bolaños?

Porque si la respuesta es esta última, tenemos un problema considerable.

El Gobierno no estaría limitándose a ejercer sus competencias constitucionales. Estaría actuando como guardián político de las puertas del Palacio de la Zarzuela.

Algo así como:

—¿A qué viene usted?

—Quería entregar una petición a Su Majestad.

—¿Sobre qué?

—Sobre Pedro Sánchez.

—Entonces, por aquí no pasa.

España empieza a parecerse demasiado a esa administración imaginaria de Kafka en la que siempre existe otra puerta, otro funcionario y otro sello capaces de impedir que el ciudadano llegue al lugar al que pretende llegar.

Solo que aquí el funcionario es ministro de Justicia.

¿DE QUIÉN ES EL REY?

La pregunta parece absurda.

Precisamente por eso empieza a ser necesario formularla.

¿Es el Rey jefe del Estado español o funcionario honorífico de Moncloa?

¿Puede recibir peticiones privadas sin que el Gobierno examine previamente su conveniencia política?

¿Puede escuchar opiniones que desagraden al Ejecutivo?

¿Puede hablar privadamente con Pedro Sánchez sin que Bolaños decida de antemano qué asuntos pueden tratarse?

Porque el precedente que se dibuja resulta demoledor.

Hoy se inadmite una petición para que Felipe VI reciba a Sánchez y le pida que dimita.

Mañana podrá inadmitirse otra porque resulte incómoda.

Pasado mañana podrá establecerse que cualquier ciudadano que pretenda dirigirse a la Corona deberá pasar primero por el filtro gubernamental.

Y después alguien nos explicará, con solemnidad administrativa, que todo se hace para proteger el correcto funcionamiento de las instituciones.

Por supuesto.

En España últimamente se protege tanto a las instituciones que algunas empiezan a necesitar permiso para respirar.

LA CORONA, BAJO TUTELA

Manos Limpias emplea una expresión brutal: secuestro del Jefe del Estado.

Políticamente, la imagen resulta perfectamente comprensible.

No se habla de un secuestro con esposas, furgonetas y pasamontañas.

Se habla de tutela.

De control.

De aislamiento institucional.

De un Gobierno que se interpone entre los ciudadanos y la Corona y decide qué puede llegar hasta el Rey.

Y eso afecta a una cuestión fundamental.

El Rey, constitucionalmente, reina pero no gobierna.

Precisamente por eso su independencia respecto del Gobierno en su esfera privada e institucional resulta esencial.

Si cada movimiento del monarca, cada audiencia, cada conversación privada y cada petición ciudadana termina sometida al filtro político del Ejecutivo, la Corona deja de funcionar como institución del Estado y corre el riesgo de convertirse en una prolongación ornamental del Consejo de Ministros.

Un florero constitucional.

Magnífico para inaugurar actos, entregar premios, recibir embajadores, presidir desfiles y pronunciar discursos cuidadosamente supervisados.

Pero mudo cuando las cosas se ponen feas.

EL MINISTRO QUE TODO LO CONTROLA

Félix Bolaños se ha convertido en una de las piezas centrales del poder de Pedro Sánchez.

Presidencia.

Justicia.

Relaciones con las Cortes.

Negociaciones políticas.

Relaciones institucionales.

Defensa jurídica y política de las decisiones más controvertidas del Gobierno.

Y ahora aparece también decidiendo sobre una petición privada dirigida al Rey.

Hay acumulaciones de poder que deberían preocupar incluso a quien simpatice con el Gobierno.

Porque las instituciones no se diseñan pensando únicamente en que gobiernen los nuestros.

Se diseñan pensando en qué ocurrirá cuando gobiernen los otros.

Imaginemos por un momento que un Gobierno de signo contrario interceptara una petición privada dirigida al Rey por una organización próxima a la izquierda.

Imaginemos que un ministro conservador decidiera que Felipe VI no debe recibir una solicitud ciudadana porque su contenido resulta políticamente inconveniente.

Las palabras autoritarismo, censura, abuso de poder y ataque a la democracia ocuparían portadas durante una semana.

Habría tertulias extraordinarias.

Editoriales solemnes.

Juristas compungidos.

Manifestaciones.

Y probablemente alguna performance —representación, para hablar en español— delante del Ministerio.

Pero ocurre bajo Pedro Sánchez.

Entonces todo se vuelve extraordinariamente complicado.

Siempre aparece algún experto dispuesto a explicarnos que la puerta cerrada en realidad está abierta, que el veto no veta, que el control no controla y que el Gobierno no manda allí donde acaba de mandar.

DEL «¿DE QUIÉN DEPENDE LA FISCALÍA?» AL «¿QUIÉN PUEDE HABLAR CON EL REY?»

La España política de estos años podría resumirse mediante preguntas cada vez más extravagantes.

¿De quién depende la Fiscalía?

Pues eso.

¿Quién nombra al fiscal general?

¿Quién controla la mayoría parlamentaria mediante pactos cruzados?

¿Quién negocia leyes con quienes después resultan directamente beneficiados por ellas?

¿Quién decide ahora qué peticiones privadas pueden llegar al Rey?

Pues eso también.

La anomalía ya no consiste únicamente en cada caso aislado.

La anomalía está en la dirección general.

En la tendencia.

En la ocupación progresiva de todos los espacios institucionales que puedan resultar útiles, molestos o simplemente independientes.

El poder nunca reconoce que desea más poder.

Siempre dice que necesita coordinar.

Ordenar.

Garantizar.

Supervisar.

Proteger.

Evitar conflictos.

Hasta que un buen día descubrimos que alguien ha colocado un puesto de control delante de una puerta que ayer podíamos atravesar libremente.

MANOS LIMPIAS LLEVA EL ASUNTO A BRUSELAS

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad Remón, ha decidido remitir lo sucedido al Comisario Europeo de Justicia.

Y hace bien en internacionalizar el debate.

Porque el asunto afecta directamente al funcionamiento del Estado de derecho y a la relación entre el Gobierno y la Jefatura del Estado.

Bruselas recibe periódicamente informes, denuncias y advertencias sobre independencia judicial, calidad institucional, separación de poderes y funcionamiento democrático de los Estados miembros.

Pues aquí tiene otra carpeta.

Y bastante curiosa.

España, año 2026: un ministro del Gobierno decide inadmitir una petición privada dirigida al Rey para que mantenga una conversación política con el presidente del Gobierno.

Que cada cual explique eso como pueda.

¿PARA QUÉ TENEMOS REY?

La pregunta final es inevitable.

Si el Rey no puede escuchar libremente a los ciudadanos; si cualquier petición políticamente incómoda puede ser filtrada por el Gobierno; si Zarzuela necesita pasar por la ventanilla de Moncloa; si hasta una audiencia privada puede acabar sometida al control del ministro de Presidencia, tendremos que empezar a preguntarnos qué papel real conserva la Jefatura del Estado.

Porque una monarquía parlamentaria no consiste en tener un señor con corona para las fotografías oficiales.

La Corona representa al Estado.

No al Gobierno.

No al PSOE.

No a Pedro Sánchez.

No a Félix Bolaños.

Al Estado.

Y el Estado pertenece a los españoles.

Parece una obviedad.

En la España actual empieza a ser una afirmación casi subversiva.

BASTA

Lo sucedido rebasa la anécdota administrativa.

No estamos hablando de una instancia mal rellenada, de una ventanilla equivocada o de una discusión protocolaria.

Estamos hablando del territorio que ocupa el poder.

De hasta dónde pretende llegar.

De quién controla a quién.

Y de si existe todavía algún espacio institucional que Moncloa considere fuera de su alcance.

Hoy es una petición a Felipe VI.

Mañana será otra cosa.

Las democracias raramente amanecen convertidas de golpe en regímenes autoritarios.

Se degradan poco a poco.

Una competencia hoy.

Una excepción mañana.

Un control pasado mañana.

Un silencio después.

Hasta que lo excepcional se convierte en costumbre y la costumbre termina pareciendo normal.

Y precisamente por eso hay momentos en los que una sociedad debe recuperar una de las palabras más sencillas de la lengua española.

Basta.

Basta de confundir Gobierno con Estado.

Basta de tratar las instituciones como dependencias de Moncloa.

Basta de colocar guardianes políticos delante de cada puerta.

Y basta, sobre todo, de aceptar como normal que un ministro del Gobierno pretenda decidir qué puede llegar hasta el Jefe del Estado.

Porque el Rey podrá tener constitucionalmente las facultades que tenga.

Pero todavía no hemos leído en la Constitución que para hablar con él haya que pedirle permiso a Félix Bolaños.