Un fiscal reprobado incluso por sus propios compañeros, con un nombramiento ilegal e investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo, carece de legitimidad para denunciar a las acusaciones populares.

Nos encontramos ante un fiscal general, sectario, politizado y dependiente de las instrucciones del Presidente del Gobierno y que no cumple con el mandato constitucional del Art. 124 de la Constitución Española.

Manos Limpias confía que el proceso penal por el que está siendo investigado, le inhabilite en su función y de esa manera se frenará el daño a nuestro sistema democrático y al estado de derecho .

Madrid, a 05 de septiembre  de 2024