MANOS LIMPIAS DENUNCIA LAS GRATIFICACIONES A LOS DIRECTIVOS DE ADIF MIENTRAS ESPAÑA LLORA A LOS 115 MUERTOS DE ADAMUZ Y URDA.

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8 de noviembre de 2026

EL SINDICATO EXIGE RESPONSABILIDADES POR LA GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DESTINADOS AL FERROCARRIL Y CUESTIONA QUE LA ANTIGUA DIRECCIÓN DEL ORGANISMO HAYA MANTENIDO LAS PRIMAS ECONÓMICAS A SUS ALTOS CARGOS HASTA 2030, MIENTRAS LA FISCALÍA EUROPEA INVESTIGA POSIBLES IRREGULARIDADES EN EL EMPLEO DEL DINERO COMUNITARIO.

MADRID, 8 DE NOVIEMBRE DE 2026.

El sindicato Manos Limpias ha denunciado públicamente lo que considera una actuación escandalosa de los antiguos responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), después de conocerse que su consejo de administración aprobó la continuidad del sistema de gratificaciones económicas para sus directivos hasta el año 2030, pocas horas antes de que su presidente, Luis Pedro Marco de la Peña, abandonara el cargo.

La decisión se produjo el 4 de noviembre, apenas una semana después de la catástrofe ferroviaria de Urda (Toledo), en la que fallecieron 69 personas, y menos de diez meses después del accidente de Adamuz (Córdoba), que costó la vida a otras 46.

Ciento quince muertos en dos tragedias ferroviarias y, mientras todavía se investigan sus causas y las posibles responsabilidades, la dirección de Adif encuentra tiempo para garantizar la continuidad de las gratificaciones económicas de sus altos cargos.

Esta es la contradicción que Manos Limpias denuncia con especial dureza. El sindicato considera inadmisible que quienes tienen encomendada la administración de las infraestructuras ferroviarias puedan beneficiarse de recompensas económicas mientras persisten graves interrogantes sobre la conservación de las vías, la seguridad de los viajeros y el destino de los fondos públicos.

El acuerdo aprobado por Adif mantiene hasta 2030 un sistema de retribuciones variables vinculado a determinados objetivos económicos y de gestión. Sin embargo, no se han hecho públicos objetivos concretos de seguridad ferroviaria cuya consecución constituya una condición expresa para cobrar esas gratificaciones.

La cuestión resulta especialmente grave porque la seguridad no es una obligación secundaria del administrador ferroviario, sino una de sus responsabilidades fundamentales.

¿Qué se está premiando exactamente? ¿El ahorro presupuestario? ¿La ejecución de inversiones? ¿Los resultados contables? ¿Y qué ocurre cuando las infraestructuras presentan deficiencias, se producen accidentes mortales o aparecen sospechas sobre la correcta utilización de los fondos destinados a su mantenimiento?

No son preguntas retóricas. Exigen respuestas precisas, documentos y explicaciones de quienes adoptaron las decisiones.

La denuncia pública de Manos Limpias coincide, además, con la existencia de dos investigaciones abiertas por la Fiscalía Europea sobre posibles irregularidades relacionadas con fondos comunitarios destinados a las infraestructuras de la línea ferroviaria Madrid-Sevilla.

La primera investigación, anunciada el 20 de marzo de 2026, se refiere al empleo de fondos europeos destinados al mantenimiento de las vías en el entorno del lugar donde se produjo la tragedia de Adamuz.

La segunda, anunciada el 6 de noviembre, examina posibles irregularidades en la utilización de fondos destinados a renovar y mejorar los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones de esa misma línea, después del accidente de Urda.

Por tanto, no estamos únicamente ante acusaciones formuladas por una organización sindical. Existen investigaciones oficiales encaminadas a determinar si se cometieron irregularidades en el destino del dinero europeo asignado a las infraestructuras ferroviarias españolas.

La Guardia Civil ha intervenido en las diligencias y se ha solicitado documentación a distintos organismos públicos relacionados con la administración, supervisión y fiscalización del ferrocarril.

La circunstancia merece la máxima atención: mientras se investiga si el dinero destinado a mejorar y conservar unas infraestructuras esenciales fue correctamente utilizado, los antiguos responsables de Adif han mantenido un sistema de gratificaciones para sus directivos.

El sindicato Manos Limpias sostiene en su comunicado que los fondos europeos debieron destinarse prioritariamente a conservar las vías y mejorar la seguridad, en lugar de favorecer las retribuciones de los altos cargos.

La acusación de que se empleó directamente dinero europeo reservado al mantenimiento para pagar esas gratificaciones no está acreditada por la documentación pública conocida. Precisamente por ello, resulta necesario aclarar la procedencia de los fondos utilizados para satisfacerlas y examinar los expedientes presupuestarios correspondientes.

Las cantidades de dinero público administradas por Adif y Adif-Alta Velocidad son enormes. Ambas entidades tienen asignados conjuntamente alrededor de 5.825 millones de euros procedentes del programa europeo de recuperación, destinados a diversas actuaciones sobre la red ferroviaria.

A ello se añaden sus presupuestos ordinarios de inversión, conservación, modernización y funcionamiento.

No estamos hablando, por tanto, de una empresa privada que reparte beneficios entre quienes la administran. Estamos hablando de organismos públicos que gestionan cantidades extraordinarias de dinero procedente, directa o indirectamente, de los impuestos de los ciudadanos.

Y ese dinero tiene una finalidad concreta: proporcionar infraestructuras ferroviarias adecuadas, conservarlas correctamente y procurar que los trenes circulen en condiciones de seguridad.

Los españoles no pagan impuestos para mantener estructuras administrativas cada vez más costosas ni para que sus responsables se concedan premios económicos por cumplir las obligaciones inherentes a sus cargos.

La primera gratificación de un alto directivo público debería ser conservar su puesto gracias a una gestión competente, honrada y eficaz.

Por otra parte, las cifras correspondientes a la ejecución presupuestaria de 2024 muestran que Adif y Adif-Alta Velocidad gastaron en conservación de infraestructuras aproximadamente 130,9 millones de euros menos de los inicialmente previstos.

Esa diferencia no demuestra por sí sola una actuación delictiva, pero exige explicar por qué no se ejecutaron las cantidades presupuestadas, qué trabajos quedaron pendientes y si las necesidades de conservación estaban debidamente atendidas.

Resulta igualmente significativo que, después de la tragedia de Adamuz, el Ministerio de Transportes anunciara un acuerdo para incrementar en 1.800 millones de euros los recursos destinados al mantenimiento ferroviario y reforzar las plantillas.

Si ahora es necesario aumentar considerablemente las cantidades destinadas a conservar las infraestructuras, los ciudadanos tienen derecho a saber por qué no se adoptaron antes esas medidas y qué criterios se siguieron durante los años anteriores.

La responsabilidad política de cuanto ha sucedido no termina en el consejo de administración de Adif.

El antiguo ministro de Transportes, Óscar Puente, presentó su dimisión el 3 de noviembre, después de las dos catástrofes ferroviarias. Un día más tarde abandonó la presidencia de Adif Luis Pedro Marco de la Peña.

Pero dimitir no equivale a NO rendir cuentas.

Quien ha administrado dinero público y ha tenido bajo su responsabilidad servicios esenciales debe explicar sus decisiones, aunque haya dejado de ocupar el cargo.

De nada sirve proclamar solemnemente que se asumen responsabilidades políticas si después nadie responde de las actuaciones concretas desarrolladas durante su mandato.

La exigencia alcanza también a los anteriores responsables del Ministerio de Transportes y de Adif, en la medida en que las investigaciones determinen que sus decisiones, omisiones o actuaciones pudieron contribuir a los hechos examinados.

La conservación de las infraestructuras ferroviarias no comienza el día en que se produce una desgracia. Es una obligación permanente que exige planificación, inspecciones, inversiones adecuadas y vigilancia constante.

Manos Limpias considera que existen motivos suficientes para exigir responsabilidades penales y atribuye a Adif una responsabilidad principal por las tragedias de Adamuz y Urda.

La determinación de las responsabilidades penales concretas corresponde a los tribunales, previa investigación de las causas de cada accidente y de las conductas de las personas implicadas.

Pero esa exigencia judicial no debe servir de excusa para que los responsables políticos y administrativos eludan las explicaciones que los ciudadanos merecen recibir.

Es necesario conocer quién aprobó las gratificaciones, qué cantidades se han pagado, quiénes fueron sus beneficiarios, qué objetivos justificaron su concesión y qué controles se establecieron para verificar su cumplimiento.

También debe aclararse cuánto dinero se destinó realmente a conservar las líneas afectadas por las catástrofes, qué obras se realizaron, cuáles quedaron pendientes, qué advertencias formularon los técnicos y qué decisiones adoptaron los responsables de atenderlas.

Y, si las investigaciones descubren desvíos de fondos, falsedades, adjudicaciones irregulares, malversación o negligencias penalmente relevantes, deberán exigirse las correspondientes responsabilidades, recuperar el dinero indebidamente utilizado y reclamar las indemnizaciones que procedan.

Todo ello sin olvidar a quienes han sufrido las consecuencias más terribles de las tragedias ferroviarias: las víctimas y sus familias.

En Adamuz murieron 46 personas. En Urda fallecieron otras 69. Detrás de esos 115 muertos hay familias destrozadas, vidas truncadas y sufrimientos que ninguna indemnización podrá reparar completamente.

Esas familias merecen conocer la verdad. Y los millones de españoles que utilizan los ferrocarriles merecen saber que su seguridad no está supeditada a los intereses económicos, la comodidad administrativa o las conveniencias políticas de quienes gobiernan.

La seguridad ferroviaria no es un lujo, ni una concesión graciosa de los gobernantes, ni un capítulo presupuestario del que pueda prescindirse para cuadrar unas cuentas. Es una obligación esencial de quienes administran un servicio público.

La denuncia de Manos Limpias plantea, en definitiva, una cuestión que trasciende las gratificaciones económicas de los directivos de Adif.

Se trata de averiguar si las infraestructuras ferroviarias españolas han sido administradas con la diligencia que exige la seguridad de millones de viajeros y si los enormes recursos públicos disponibles se han empleado conforme a su finalidad.

Y también de determinar si el sistema de recompensas a los altos cargos públicos permite que quienes toman decisiones cobren gratificaciones por determinados resultados económicos mientras las consecuencias de sus posibles errores terminan pagándolas los ciudadanos.

Porque, cuando una empresa privada funciona mal, sus propietarios soportan las pérdidas. Cuando una entidad pública funciona mal, son los contribuyentes quienes terminan pagando los errores, los sobrecostes, las indemnizaciones y, con demasiada frecuencia, hasta las gratificaciones de quienes la administraron.

Ciento quince muertos. Dos catástrofes ferroviarias. Investigaciones europeas sobre posibles irregularidades con fondos públicos. Y un acuerdo para mantener las gratificaciones de los altos directivos de Adif hasta 2030.

Son hechos suficientemente graves para exigir transparencia absoluta, explicaciones inmediatas y una investigación hasta sus últimas consecuencias.

Los españoles tienen derecho a saber qué ocurrió con su dinero y qué ocurrió con sus ferrocarriles.

Y, sobre todo, tienen derecho a exigir que quienes administran los servicios públicos respondan de su gestión.

Porque el dinero público no pertenece a los gobernantes ni a los directivos que lo administran. Pertenece a los españoles que lo pagan con sus impuestos. Y las vidas humanas valen infinitamente más que cualquier gratificación económica.